Rafael es consejero en la firma y tiene una amplia experiencia en consultoría regulatoria, protección legal estratégica y litigios, incluyendo litigios constitucionales, así como asesoramiento en sectores altamente regulados como la banca y las infraestructuras de carreteras. Frecuentemente representa y asesora a instituciones financieras líderes -bancos privados y bancos de desarrollo-, empresas de telecomunicaciones e infraestructura, entre otros, en numerosos asuntos regulatorios.

La sólida experiencia de Rafael en materia de litigio constitucional y administrativo incluye trabajo para el sector privado frente a autoridades administrativas, así como para el sector público, lo que le permite brindar una asesoría integral en sus áreas de práctica. También es experto en procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado lugar a precedentes legales constitucionales y reglamentarios pioneros. Esto incluye la representación de una institución financiera respecto a la validez del modelo paramétrico utilizado para analizar la solvencia y viabilidad de pagos de sus acreditados, el cual se obtuvo una sentencia favorable que impactó al sistema financiero. De igual forma, Rafael formó parte del equipo que obtuvo una sentencia favorable para un concesionario de telecomunicaciones, resolviendo la inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones de México que establecía multas desproporcionadas basadas en ingresos brutos. También asesoró a la COFECE, el regulador federal de la competencia en México, como órgano constitucional autónomo, en la presentación de una Controversia Constitucional que impugnaba la ley que establecía limitaciones irracionales a las remuneraciones de los servidores públicos por debajo del salario del Presidente de la República.

Ha colaborado en varios artículos y publicaciones, incluyendo la Guía México de Chambers & Partners sobre Anticorrupción, y el capítulo regulatorio de Latin Lawyer relacionado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Rafael también ha impartido clases de Derechos Humanos y Derecho Administrativo en la Universidad La Salle y ha sido profesor de Procedimientos Sancionadores en el ITESM de la Ciudad de México.

Rafael cuenta con una maestría en Derecho Económico por la Universidad Panamericana y una licenciatura en Derecho con honores por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México.